Cuerpo viajará a reunirse con distintos sectores para ver sus necesidades. El Consejo de Ministros aprobará este martes 25 millones para atender a los menores, pero habrá goteo de más dinero en las próximas citas
El Gobierno parece ser muy consciente de que la crisis de Ceuta le ha abierto un agujero de credibilidad importante. Todos los esfuerzos del Ejecutivo durante este verano, que en un principio se pusieron sobre los durísimos incendios de julio, se han concentrado en intentar dar una solución a una crisis humanitaria que está lejos de ser resuelta, con miles de inmigrantes aún por las calles de la ciudad autónoma, y tratar de volver a la normalidad.
Desde el presidente a media docena de ministros han viajado allí intentando buscar soluciones, de momento con resultados que discute sobre todo el gobierno de la ciudad, en manos del PP, que insiste en que hay que expulsar a todos los que entraron el 30 y 31 de julio, algo muy difícil de ejecutar con la legislación vigente con los adultos e imposible en el caso de los menores, al menos a corto plazo.
Pero además de atender la emergencia, el Ejecutivo trabaja ya en el medio plazo y La Moncloa le ha pedido a todos los ministerios con competencias más directas sobre la crisis que le envíen ideas y peticiones para un gran plan de recuperación de Ceuta en los próximos meses, sobre el que se está trabajando sobre todo en La Moncloa y en Economía.
La ciudad, que tiene un atractivo turístico importante y recibe miles de visitantes todos los años, también los que van en viaje camino a Marruecos, ha quedado marcada por unas imágenes de 80.000 inmigrantes entrando a nado que han viajado por muchos países ―Donald Trump y Elon Musk tardaron muy poco en comentarlas para burlarse de las políticas proinmigración de España―.
Para tratar de darle la vuelta a esta situación y a esa imagen, que tiene la economía de la ciudad muy tocada en las últimas semanas, especialmente el comercio y el turismo, el Gobierno prepara ya un plan de reactivación con una cantidad aún no cerrada, pero que para una ciudad de algo más de 80.000 habitantes será importante, según distintas fuentes del Ejecutivo.
Algunas cuantificaciones iniciales con las que trabaja el Ejecutivo hablan de al menos 15 millones de euros para reactivar el comercio, con rebajas de impuestos y reducciones de cotizaciones a la seguridad social y medidas similares, además de ayudas directas para compensar el lucro cesante durante todo este periodo de crisis en la ciudad, en la que los vecinos prácticamente se han quedado en sus casas y no ha habido apenas visitantes, con lo que el comercio se ha desplomado. Habrá también un plan de turismo y se está trabajando con más ayudas para un proyecto ya en marcha que utiliza agua desalada en Ceuta.
El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, tiene previsto desplazarse a la ciudad la próxima semana, aunque aún no están cerrados los detalles, para hablar con los representantes de los afectados y detallar más concretamente sus necesidades para terminar de perfilar ese plan.
El grueso del dinero no irá pues presumiblemente en este primer Consejo de Ministros tras el parón veraniego, el 25 de agosto, sino en forma de goteo y con distintos decretos a lo largo de las próximas semanas, como sucedió con otras crisis como la dana en Valencia, pero esta primera cita del martes sí estará totalmente dominada por la crisis de Ceuta.
La portavoz y ministra de Inclusión, que incluye la competencia de Migraciones, Elma Saiz, ha estado casi toda la semana en Ceuta y podrá dar cuenta de la situación y de las gestiones que se están haciendo al Consejo de Ministros y a los ciudadanos en la rueda de prensa posterior, que estará con toda probabilidad centrada en Ceuta, un asunto que la oposición ha visto como una gran oportunidad de desgastar al Gobierno.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, llevará a la reunión la aprobación de un fondo de 25 millones de euros para los menores de Ceuta, con el que podrá financiar el traslado de 500 niñas a la Península que rechaza de momento el PP, pero que el Ejecutivo confía en que el Gobierno de la ciudad acepte porque ahora mismo no es viable devolver a los menores a Marruecos ―la ley del menor y la de extranjería exigen garantías muy claras y estudios individualizados de los casos que tardan meses, y el Tribunal Supremo sentenció que no se pueden devolver sin más aunque Marruecos esté de acuerdo y la Audiencia Provincial de Cádiz inhabilitó a la exdelegada del Gobierno y la exvicepresidenta de Ceuta por hacerlo―. El Gobierno ya activó seis millones de euros para hacer frente a la emergencia humanitaria, pero habrá más fondos para atender a los inmigrantes.
También hay un plan en marcha para reforzar el sistema judicial en Ceuta, presionado estos días por el proceso de expulsiones y peticiones de asilo de miles de personas. El Ministerio de Justicia ya explicó que ha aumentado hasta un 271% la capacidad operativa del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; hay dos plazas de refuerzo para el tribunal de instancia, y se gestionarán más con el CGPJ, otra de médico forense, tres refuerzos en la fiscalía y cinco letrados nuevos para el turno de oficio, además de tres fiscales sustitutos que ya están autorizados. También se están preparando refuerzos importantes en sanidad, aunque la ministra Mónica García ha insistido en que los ceutíes no están viviendo una crisis sanitaria, porque aún hay plazas en el hospital, pero sí hay que atender una emergencia en la que el hacinamiento de los inmigrantes está derivando en la extensión de enfermedades como la sarna.
Otra de las cuestiones que están encima de la mesa para mejorar la situación en Ceuta y sobre todo la seguridad de la frontera es la de construir una protección más estable que la actual en el agua. Es un proyecto del que se ha hablado muchas veces, pero nunca se ha realizado. Ahora, después del último salto masivo, en el que murieron más de 100 inmigrantes, se ha instalado una barrera flotante, pero es una solución temporal que no sirve cuando lleguen los temporales del otoño y el invierno. Por eso está prevista una obra de ingeniería más estable para continuar la protección fronteriza en el agua. Todo esto también supondrá un desembolso importante.
La intención política también es que las dotaciones extra de policías y guardias civiles que hay en Ceuta desde que estalló la crisis —330 policías y 240 guardias civiles nuevos, que en total, con los que ya había, suman 1.659 miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado desplegados allí— se instalen en la ciudad de forma permanente para reforzar la dotación.
El Ejecutivo admite que la situación es muy complicada, sobre todo hasta que todas las personas que están por las calles estén controladas en los centros de estancia temporal que se están habilitando, pero distintas fuentes insisten en que no hay una situación de descontrol de seguridad como plantean los sindicatos policiales y que sí hay aumento de delitos pero, teniendo en cuenta que Ceuta es una ciudad habitualmente muy segura, la situación no está fuera de control.
Problema mayúsculo
En cualquier caso, el Ejecutivo parece tener muy claro que la crisis de Ceuta es un problema mayúsculo, tal vez el principal que tiene ahora Pedro Sánchez encima de la mesa, y distintos miembros del Gobierno consultados señalan que se está poniendo ahí todo el foco con dinero y medios materiales y humanos para resolver cuanto antes la situación. También se trabaja en Exteriores para garantizar con Marruecos que algo así no vuelva a suceder.
Fuentes del Gobierno reivindican la actitud de Marruecos el pasado 15 de agosto, cuando desbarató un segundo intento de salto masivo organizado en las redes sociales, y confían en que esta crisis sirva como aprendizaje para evitar un nuevo salto. Cuando se les pregunta si en 2021, cuando saltaron más de 10.000 personas, no se había pensado ya que esto no volvería a pasar, señalan que en aquella crisis Marruecos sí dejó claro que se trataba de una represalia por la acogida al líder saharaui Brahim Gali en un hospital español, pero esta vez Rabat insiste en que ellos no están detrás de esta operación y no tienen ningún conflicto con el Gobierno español que reprochar, ni siquiera el viaje de Sánchez a Argelia, que estaba hablado con el país vecino.
El Gobierno trabaja así en tres ejes a la vez: gestiones diplomáticas y de refuerzo de seguridad para que no vuelva a suceder un salto masivo, gestión de la crisis humanitaria con una solución para adultos y menores mientras se tramitan devoluciones y expulsiones, y plan de recuperación económica de Ceuta. Todos ellos requieren tiempo, pero la presión es enorme por parte de los ciudadanos, especialmente los ceutíes, de la oposición, de la justicia, de la policía e incluso de los socios europeos, muy pendientes de la solución de esta crisis en la frontera más caliente de la UE.