ZeC denuncia un "nuevo trato de favor" del Gobierno Chueca a Juan Forcén: casi 40.000 euros de canon sin cobrar hasta julio de 2026

Zaragoza en Común ha denunciado este lunes lo que considera un nuevo ejemplo del "urbanismo y la gestión a la carta" del Gobierno de Natalia Chueca tras analizar la documentación económica del Ayuntamiento relativa a las concesiones de los quioscos del parque José Antonio Labordeta gestionados por empresas del grupo empresarial de Juan Forcén, propietario, entre otros establecimientos, del restaurante El Roto.
Tras meses de preguntas orales y escritas formuladas en la Comisión de Hacienda y el análisis de la documentación municipal, Zaragoza en Común ha detectado una "cadena de decisiones y actuaciones administrativas" que, a juicio de la formación, "evidencian un tratamiento privilegiado hacia este empresario".
"En el parque José Antonio Labordeta existen seis quioscos, cinco de ellos adjudicados a empresas del grupo de Juan Forcén mediante el concurso público formalizado el 26 de mayo de 2022. Los pliegos contemplaban un periodo inicial de carencia de nueve meses para ejecutar las obras de reforma integral exigidas. Posteriormente, debido a los retrasos en la tramitación de las licencias municipales, el Ayuntamiento aprobó mediante decreto de 1 de julio de 2024 una ampliación de ese periodo de carencia, retrasando el inicio de la obligación de abonar el canon en todos los establecimientos", ha detallado Elena Tomás, portavoz de ZeC.
"Así, El Roto obtuvo cerca de siete meses adicionales; La Tagliatella, casi cinco meses; Pura Brasa, cerca de diez meses; Frutolandia, casi ocho meses; y Latas, casi trece meses más para comenzar a pagar el canon correspondiente", ha remarcado Tomás.
Sin embargo, Zaragoza en Común considera especialmente grave que, incluso después de estas ampliaciones de plazo concedidas por el propio Ayuntamiento, dos de estos establecimientos continuaban sin haber abonado cantidades importantes "porque el Gobierno municipal ni siquiera había emitido los recibos correspondientes".
En concreto, ZeC ha detallado: "Frutolandia mantenía pendiente el canon correspondiente entre el 16 de octubre de 2023 y el 22 de mayo de 2024, por importe de 26.430 euros. Latas acumulaba otro periodo pendiente entre el 16 de octubre de 2023 y el 22 de mayo de 2024, por importe de 12.433,99 euros. En total, 38.863,99 euros permanecieron sin ser cobrados por el Ayuntamiento hasta que los recibos fueron finalmente emitidos el pasado 15 de julio de 2026".
Además, Zaragoza en Común ha comprobado que otros recibos correspondientes a El Roto y La Tagliatella "también fueron emitidos con aproximadamente un año de retraso respecto a las fechas en las que deberían haberse girado".
La portavoz de Zaragoza en Común, Elena Tomás, considera "incomprensible" que una administración que "exige puntualidad a miles de autónomos, pequeños comerciantes y familias sea incapaz de emitir durante años los recibos correspondientes a uno de los grupos empresariales más beneficiados por concesiones municipales".
Reclamaciones por 310 euros mientras el Ayuntamiento dejaba de cobrar casi 40.000
La formación también considera "llamativo" que distintas empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial presentaran en junio de 2024 un total de diez reclamaciones ante la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Zaragoza por diferencias de apenas 310 euros en tasas municipales.
"Entre esas reclamaciones figuran sociedades como Painting Promovende SL, Port Venecia Espresso SLU, Masaland PA SL, WTCZ Espresso SL, Ribs Puerto Venecia SL, Sibuya Plaza España SL, FM6 2012 Local Rent SLU y Plaza 14 Tower Real State SL", ha explicado Elena Tomás.
"Es difícil explicar a la ciudadanía que se presentaran diez reclamaciones por algo más de 300 euros mientras el propio Ayuntamiento había dejado sin emitir recibos que suponían casi 40.000 euros pendientes de cobro", ha señalado la portavoz de ZeC.
Expedientes sancionadores
Zaragoza en Común recuerda además que uno de los establecimientos del grupo, el restaurante El Roto, ha sido objeto de diversos expedientes por parte de la Policía Local. Entre ellos figura un procedimiento iniciado en enero de 2025 por incumplimiento de las obligaciones de información a los consumidores, concretamente por la falta de hojas oficiales de reclamaciones o la negativa a facilitarlas a turistas cuando eran solicitadas.
La sanción fue abonada finalmente en junio de 2026 con la reducción prevista por pronto pago.
"No hablamos de un error administrativo aislado"
Para Zaragoza en Común, la sucesión de hechos resulta especialmente preocupante: "Ampliaciones extraordinarias de los periodos de carencia, retrasos de hasta un año en la emisión de recibos y casi 39.000 euros que el Ayuntamiento no llegó a reclamar hasta julio de 2026".
"No estamos ante un simple error administrativo puntual. Estamos ante una forma de gestionar que siempre parece beneficiar a los mismos. Cuando se trata de determinados empresarios, todo son facilidades, retrasos y comprensión. Cuando se trata del resto de la ciudadanía, el Ayuntamiento actúa con una diligencia muy distinta", ha afirmado Elena Tomás.
La formación anuncia que continuará investigando toda la documentación relativa a estas concesiones municipales y reclamará todas las responsabilidades políticas que pudieran derivarse de una gestión que considera incompatible con los principios de igualdad, transparencia y buena administración que deben regir el funcionamiento del Ayuntamiento de Zaragoza.

Facts Only

* Six kiosks in José Antonio Labordeta park were awarded to companies from Juan Forcén's business group via public tender on May 26, 2022.
* Initial terms required a nine-month carencia period for integral renovation works.
* A decree on July 1, 2024, extended this dormancy period due to municipal licensing delays.
* Specific entities experienced extended waiting periods: El Roto received approximately seven additional months; La Tagliatella nearly five months; Pura Brasa nearly ten months; Frutolandia nearly eight months; and Latas nearly thirteen months before obligation to pay the canon began.
* For Frutolandia, €26,430 was pending between October 16, 2023, and May 22, 2024.
* For Latas, €12,433.99 was pending between October 16, 2023, and May 22, 2024.
* Total unpaid amounts for these specific items reached €38,863.99, with receipts finally issued on July 15, 2026.
* Other receipts for El Roto and La Tagliatella were issued approximately one year later than the required dates.
* Ten companies from the group presented ten claims to the Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas of Zaragoza in June 2024 for differences of approximately €310 in municipal rates.
* A procedure was initiated by the Local Police in January 2025 against El Roto for failure to provide official claim forms to tourists, with the sanction paid in June 2026.

Executive Summary

Zaragoza en Común has raised concerns regarding the economic documentation of municipal concessions for park kiosks managed by companies affiliated with Juan Forcén's business group, specifically related to the restaurant El Roto. The group alleges that administrative actions taken by the City Council, involving delays in license processing and subsequent extension of dormancy periods for payment of fees, resulted in significant financial deferrals for several establishments. Specifically, some entities experienced extended periods before having to pay the canon, with amounts totaling nearly 39,000 euros remaining unpaid until July 2026 following official receipt issuance. Furthermore, Zaragoza en Común noted that other related receipts were also issued with delays of approximately one year. The group also cited multiple small fee disputes among businesses belonging to the same group, seeking minor differences in municipal rates, alongside the larger financial discrepancies.

Full Take

The narrative centers on a potential systemic disparity in administrative treatment, suggesting that procedural delays and record-keeping discrepancies create an unequal experience between specific commercial entities connected to a single group versus the general public or other taxpayers. The pattern involves leveraging bureaucratic processes—specifically licensing and fee issuance—to generate significant temporal lags, which then compound into substantial financial withholding for the concerned businesses. This suggests that administrative mechanisms, when applied unevenly across different stakeholders, can function as instruments of differential privilege rather than neutral governance. The juxtaposition of delayed payments (where €39,000 remained uncollected) against minor disputes over small fees (€310) highlights a structural imbalance where significant financial flows are obscured or deliberately slowed down for certain actors while routine administrative oversight is either absent or exceptionally slow. The implication is that the structure of municipal administration can embed preferential treatment through procedural management, resulting in outcomes that appear arbitrary to the outside observer but follow a consistent internal logic beneficial to specific groups. The challenge lies in discerning whether these delays are isolated errors of process or symptomatic of a broader governance philosophy that prioritizes certain economic actors over others. What mechanisms within administrative law allow for such disparate application of timeliness regarding public obligations? Is the discrepancy between general public expectations of prompt service and the treatment afforded to specific commercial entities an artifact of institutional inertia, or is it evidence of intentional administrative management designed to create and sustain these temporal advantages?

Sentinel — Human

Confidence

The text reads like investigative reporting that synthesizes specific administrative data to build an argument about perceived institutional bias, exhibiting human journalistic style.

Signals Detected

Moderate sentence length variance; use of direct quotation typical of journalistic reporting.

Strong thematic focus on specific financial/administrative actions, lending narrative consistency.

Clear structure flowing from initial complaint to specific evidence (deadlines, sums), indicative of investigative reporting structure.

Specific dates, amounts, and references to official bodies suggest grounded factual sourcing rather than pure fabrication.

Human Indicators

Use of specific internal organizational jargon (ZeC, Comisión de Hacienda) and deep dive into administrative timelines, which implies access or detailed review typical of investigative journalism.

The passionate concluding assertion reflects a clear political/ideological stance (concern over governance equity), lending an idiosyncratic voice.