CHA reclama al Gobierno de Aragón “que cumpla con su trabajo y defienda, de una vez, la implantación de objetivos de déficit diferenciados y la creación de un sistema de financiación aragonés que tenga en cuenta el coste real de prestar los servicios públicos” en nuestro país.
La secretaria general de CHA y portavoz en la comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, Verónica Villagrasa, considera que la disposición del gobierno del Estado español “a estudiar un déficit asimétrico, abre una oportunidad que Aragón debe aprovechar con determinación y ambición política” y exige que el gobierno aragonés “deje a un lado sus cálculos políticos partidistas y sepa leer las oportunidades que se le presentan a nuestra tierra”.
“Si el propio Gobierno de Aragón mantiene en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la reivindicación de un objetivo de déficit de entre el 0,3 % y el 0,4 % para compensar el sobrecoste que supone prestar los servicios públicos en un territorio extenso, disperso, con una complicada orografía y sistemáticamente maltratado por el estado central, ahora es el momento de convertir esa reivindicación en una posición política firme y exigente”, afirma Villagrasa.
Desde CHA recuerdan que Aragón “soporta unos costes estructurales que no tienen otros gobiernos y que deben ser reconocidos tanto en el sistema de financiación como en los objetivos de estabilidad presupuestaria. No es un privilegio, es una cuestión de justicia territorial. Garantizar la igualdad de derechos de la ciudadanía aragonesa exige disponer de instrumentos financieros acordes con nuestra realidad”.
Villagrasa subraya que este debate “debe servir para avanzar hacia un modelo que reconozca factores como la despoblación, la dispersión, el envejecimiento, la baja densidad de población y la extensión del territorio, variables que encarecen la prestación de servicios esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales”.
Asimismo, CHA recuerda que Aragón “dispone de herramientas jurídicas propias que no pueden quedar relegadas. El artículo 108 del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que el sistema de financiación debe garantizar la suficiencia financiera de Aragón atendiendo a sus características territoriales, demográficas y competenciales. Es un mandato estatutario que el Gobierno de Aragón tiene la obligación de defender y desarrollar. Renunciar a esa herramienta sería una traición a los aragoneses y aragonesas”.
Por ello, CHA insta al Gobierno de Aragón “a mantener una posición firme en todas las negociaciones con el Estado y a exigir que cualquier avance en materia de déficit diferenciado vaya acompañado del reconocimiento efectivo de las singularidades de Aragón”.
“Cada vez que se abre una ventana para adaptar las reglas fiscales a la realidad de los territorios, Aragón debe estar presente defendiendo que el reparto de recursos sea justo. No podemos aceptar un modelo uniforme que ignora las dificultades que supone garantizar los mismos derechos y servicios públicos a una población dispersa. Aragón tiene argumentos, tiene Estatuto y tiene legitimidad para exigir un trato justo para sus ciudadanos”, ha concluido Villagrasa.